Pequeño J preso en Perú: dónde está alojado y cómo pasa sus días tras las rejas

Desde el momento en que fue detenido, el mundo de Tony Janzen Valverde Victoriano (20), conocido como “Pequeño J”, se redujo a cuatro paredes. No vio a nadie, solo habló con su abogado, especializado en terrorismo en Perú. Estuvo completamente aislado, sin acceso al exterior ni interacción con otros presos.

El joven peruano, señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), fue sometido a un control médico cuando llegó este martes a la comisaria de Chilca, un distrito costero ubicado unos 50 kilómetros al sur de Lima.

En diálogo con Clarín, el general Nilton Reynaldo Santos Villalta, jefe de la Dirección Antidrogas de Perú y quien encabezó el operativo que terminó con la captura del acusado, describe el estado anímico de “Pequeño J”: “Se sorprendió, se asustó, como cualquier persona al cambio brusco. Más aun sabiendo uno lo que ha hecho.”

Según información de inteligencia de la Policía Antidrogas del Perú, Valverde Victoriano sería parte de una estructura narco de baja escala en Argentina. Arriba de él debería haber otros. “Y esos están en Buenos Aires”, afirma el general.

“Yo he visto traficantes cuando tienen plata… se ve diferente. Él es un micro comercializador de droga en Buenos Aires, de la droga tusi —que es en base a ketamina—. Comercializa y ahí se gana. Tampoco voy a decir que no gana, tiene su dinero, pero no es un capo”, indica Santos Villalta.

La vida del “Pequeño J” arrastra una herencia criminal. Nacido en Trujillo, al norte de Lima, creció en una familia vinculada al delito. “Su familia siempre ha estado vinculada a las civilidades y criminales. Secuestro, extorsión, sicariato”, cuenta el jefe antidrogas y agrega: “Hay registros de participación en actividades ilegales de su padre y hermanos.”

Se fue a la Argentina cuando era menor de edad y allí siguió en el mismo entorno, bajo la tutela del padre. “Prácticamente él creció y se trasladó a la Argentina, donde se juntó con sus pares también de ese mismo entorno delincuencial”, resume el general.

En Buenos Aires habría encabezado una pequeña red de venta de droga; una “sucursal” del delito, puesta en marcha por el hijo de un clan con antecedentes pesados.

El triple crimen por el que se lo acusa fue de una ejecución mafiosa: tres jóvenes asesinadas, una de ellas menor de edad, por una presunta venganza narco. Según lo que le informaron al general desde la provincia de Buenos Aires, las víctimas le habrían robado dinero y/o droga a la organización.

“Eso es lo que han querido: enviar un mensaje a sus rivales. Si me traicionás, me robás, ya sabés lo que te puede pasar. Como lo hacía el Tren de Aragua”, interpreta el jefe policial haciendo referencia a la megabanda venezolana, declarada por Argentina como una organización terrorista.

El 28 de septiembre, un llamado desde la Provincia de Buenos Aires activó la búsqueda del Valverde Victoriano. “Me comunico con el comisario mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Me comparte una información de que un ciudadano peruano y un argentino que habían cometido un hecho macabro en Argentina se estaban desplazando para el Perú”, cuenta Santos Villalta.

La clave fue un número telefónico con código peruano. “Pequeño J” prendía y apagaba su teléfono. A partir de ahí, empezaron a rastrearlo. Los agentes lo ubicaron en Nazca, al sur de Lima y lo siguieron.

Según el director de la oficina antidrogas, la policía bonaerense tenía además un informante que aportaba datos tanto del “Pequeño J” como de su ladero, el argentino Matías Ozorio (28). A este último lograron ubicarlo en Plaza Norte, un shopping en la zona norte de Lima.

“Lo identificamos. No tenía nada de dinero, cero. No tenía teléfono. Estaba durmiendo en la calle, según refiere él. Estaba en una condición no tan aseado”, describe el general.

Ozorio reconoció ser quien era y denunció haber sido traído a Perú con engaños, por una organización criminal dedicada al narcotráfico. Su captura fortaleció la pista de que “Pequeño J” estaba cerca.

Para entonces, el joven peruano ya se movía en dirección a Lima. Iban siguiéndolo. “Teníamos permanentemente el control de dónde iba, cómo iba avanzando”, dice Santos Villalta. Pero hubo un imprevisto.

En la zona de Mala, una protesta había cortado la carretera y los vehículos no podían avanzar. Los pasajeros bajaban, cruzaban caminando el bloqueo y tomaban otro transporte del otro lado. “Pequeño J” habría hecho eso. Bajó del bus y se subió a un camión cargado de pescado.

El operativo, que hasta entonces había sido meticuloso, se complicó. “Nosotros hemos tenido siete equipos desplegados ahí con la finalidad de ubicarlo y bueno, la geolocalización no te arroja el lugar exacto, te arroja un radio donde tú tienes que accionar”, explica el general.

En ese caos, un efectivo detectó un detalle: el camión no quería frenar. “No porque el transportista estaba vinculado, sino que seguro ‘Pequeño J´ le dijo ´no pare, sigue nomás’”, detalla Santos Villalta.

Los oficiales peruanos pararon el camión y subieron. Lo reconocieron al instante gracias a las imágenes que ya tenían del supuesto autor intelectual del crimen de Morena, Brenda y Lara.

Él se identificó como Tony y negó todo. “Él negaba en todo momento que él haya participado en ese hecho. Decía que investigue la Policía y que determine quiénes han sido”, recuerda Santos Villalta. En ese momento, apenas tenía un iPhone, su documento y unas pocas monedas en el bolsillo, 3 o 5 soles, nada más.

Fue trasladado a la Dirección Antidrogas, donde también tenían detenido a Osorio. “Nosotros somos una dirección especializada en tráfico de drogas, entonces no podíamos tenerlo acá. Se puso a disposición de la autoridad judicial que lo requería. El juzgado de Chilca dispuso que lo lleven a la comisaría de Chilca”, añade el general.

Dicha dependencia policial se convirtió rápidamente en una especie de fortaleza que alteró el sueño de la cuadra de avenida Nicolás Piérola y Jr. San Marcelo, donde cortaron la calle, colocaron catorce agentes de control, seis motociclistas “halcones” y personal de inteligencia.

Allí estuvo completamente aislado en una celda. No habló, no pidió nada y permaneció en silencio. Según fuentes de la policía local, solo se vio este viernes con su abogado, Marcos Sandoval Romaina, en la previa a la audiencia judicial para iniciar el proceso de extradición.

De hecho, el detenido ni siquiera fue trasladado para concurrir a esa audiencia, sino que participó de la misma de manera virtual desde la propia seccional de Chilca. “No, no me someto al de extradición…”, fueron las pocas palabras que pronunció.

Del otro lado del continente, la Justicia argentina lo espera, pero no será rápido. “El proceso de extradición toma su tiempo, como dijo el general Oscar Arriola (jefe de la Policía Nacional de Perú)”, concluye Santos Villalta.

Desde la celda de la seccional de Chilca, “Pequeño J” se negó este viernes al proceso de extradición voluntaria. Durante la audiencia judicial se dispuso dictarle la detención preventiva por 9 meses y que durante ese período sea alojado en un establecimiento penitenciario, una medida que se llevó a cabo durante la tarde del viernes.

A una hora y media de Lima, hacia el sur, entre campos resecos y a quince minutos de la ciudad de Cañete se levanta una mole gris: el penal de dicha ciudad. Allí, en medio de celdas angostos y controles estrictos.

“Es un penal hecho para presos de mediana y mínima seguridad. No de máxima, en principio. Calculo que es porque (el acusado) tiene 20 años y no tiene antecedentes en el Perú”, dice a Clarín Wilfredo Pedraza, exjefe del Instituto Penitenciario del Perú, que conoce bien los secretos de los pasillos del penal.

Sin embargo, para el exfuncionario eso puede cambiar ya que, “tratándose de quién es, es probable que llegando al penal de Cañete, él vuelva a ser clasificado.” Y agrega: “Dentro del penal hay tres niveles. Lo más probable es que, por la gravedad del delito, vaya a un área de máxima seguridad.”

Las condiciones allí comprenden un régimen estricto y una vigilancia constante. “Supone una restricción en el acceso de visitas, al patio solo por horas y, obviamente, un control físico mucho más directo”, cuenta Pedraza. ¿Estará solo? El exfuncionario no lo asegura: “Es una posibilidad, pero el aislamiento absoluto no funciona, salvo que existan razones de seguridad o de vida.”

Las celdas son de tres por cuatro metros o, algunas más chicas de tres por dos, con un inodoro dentro del mismo espacio y rejas que apenas dejan pasar la luz.

El penal fue construido hace 21 años para alojar a 1.800 personas, pero hoy contiene a casi 3.500. “Tiene un nivel de hacinamiento, es verdad”, admite Pedraza, aunque rápidamente aclara que las autoridades penitenciarias suelen priorizar a los presos de alto perfil.

¿Por qué Cañete? La respuesta es simple y brutal: Lima ya no da abasto. “Los penales limeños están tan colapsados que hoy los nuevos presos van al sur o al norte, a una hora y media de distancia. Esos dos penales se están usando para descomprimir”, explica el exjefe del sistema. Pero enseguida tranquiliza: “Desde mi perspectiva, son penales muy seguros. No tengo referencias de fugas”. En otras palabras, “Pequeño J” no saldrá fácilmente de allí.